El actual Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Alfredo Ruiz Angulo, es licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello.

Ha dedicado la mayor parte de su vida, casi 30 años, a la promoción y defensa de los derechos humanos, formando a organizaciones, grupos juveniles y comunidades eclesiales de base, tanto en Caracas como en el estado Miranda.

Además, fue miembro fundador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social no gubernamental destinada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela (1985-2014). Como integrante de esta asociación, representó a la Comisión Nacional para la implementación de la Educación en Derechos Humanos del Ministerio de Educación, durante los años 1994-1996.

También, Ruiz ha consagrado parte de su trayectoria a ser orientador y profesor en asignaturas como: Formación familiar y ciudadana, y Orientación humana, en varios centros educativos del país y en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría.

Igualmente, se desempeñó como profesor en la Licenciatura en Educación del Ensayo de Formación de Educadores Populares (ENFODEP-CEPAP) y en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Además, fue jurado de varias tesis sobre Educación en Derechos Humanos. Entre los años 1994-1996.

Su formación en derechos humanos, incluye además de la teoría, la práctica en la ejecución de cursos, talleres y conversatorios sobre: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Educación Popular, Investigación Educativa y Protección de Refugiados en Caracas (Venezuela), Ginebra (Suiza), Quito (Ecuador) y Lima (Perú).

Ruiz ha demostrado ser un servidor social, con competencia moral y compromiso en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. En diciembre del 2014 es designado Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. El 05 de agosto de 2017 ocupa el cargo de Defensor del Pueblo interino, días después, 17 de agosto del mismo año, es ratificado en el ejercicio de sus funciones por la Asamblea Nacional Constituyente. Asume funciones con la premisa de que “la paz es un valor supremo y que sin ella, se dificulta el ejercicio de los demás derechos humanos”.