Array Si hacemos una radiografía de la Constitución de 1961 y la de 1999 podemos observar dos modelos de Estado totalmente diferentes, siendo la primera el soporte normativo de una Democracia Representativa orientada a satisfacer los intereses de las élites económicas y políticas del país; mientras que la segunda es el fundamento y guía de una Democracia Participativa y Protagónica que atiende las necesidades y aspiraciones del pueblo, sin exclusiones.

El Estado emergente de la Constitución de 1961 fungió como un agente de las élites económicas, fundamentalmente representadas en Fedecámaras; administrado políticamente por las organizaciones AD y COPEI, con el apoyo vigilante de la Fuerza Armada Nacional y bajo la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bajo este esquema político representativo se desconoce la voluntad popular y, de manera flagrante, se excluye al pueblo de la toma de decisiones, incluso en los aspectos fundamentales de la vida nacional.

El Pacto de Punto Fijo, suscrito originalmente por AD, COPEI y URD (este último se retiraría más tarde del mismo), vino a reforzar esa función del Estado, el cual instrumentó una política asistencialista hacia los sectores medios y populares de la sociedad, que creaba la ilusión de vivir en un país que perseguía el bienestar de todos sus ciudadan@s; no evidenciándose la construcción de un nuevo país, ni muchos menos ofreció horizonte alguno para concretar una duradera transformación social; ni siquiera en los años 70, época de la llamada “Venezuela Saudita”, cuando el país recibe ingentes recursos por la exportación de petróleo.

¿Cómo explicar esta desidia estatal? Es sencillo, el Estado estaba abocado a consentir las apetencias de los reducidos grupos económicos del país a través de las bondades del oro negro, mientras mantenía instituciones públicas deficitarias que estuvieron de espaldas al pueblo.

Mientras existieron recursos para costear las políticas asistencialistas sin afectar los privilegios de la oligarquía, el Estado tuvo capacidad de maniobra para desmovilizar cualquier presión popular; pero, en los años 80 el país se ve enfrentado a una crisis económica caracterizada por los altibajos de los precios del petróleo, que hizo insostenible el papel del Estado no sólo en la economía sino en la social, y esa capacidad de manejar la nación manteniendo la llamada “Paz Social”, se hace más limitada.

Para paliar esta crisis, el Estado, administrado por el presidente Carlos Andrés Pérez iniciando su segundo mandato en 1989, hizo marcado énfasis en la capitalización de la economía nacional, cuya recesión era creciente, y generó las condiciones para la aplicación de medidas de ajuste de corte neoliberal bajo los “nobles” auspicios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Array Pérez presentó en cadena nacional su plan de gobierno denominado “El Gran Viraje”, conocido popularmente como el “Paquetazo Económico”, el cual imponía, una vez más, grandes sacrificios a la población más desposeída con medidas como: aumento de la gasolina, liberación de precios, congelación de los sueldos y salarios del sector público, creación de impuestos como el IVA, aumento de las tarifas del transporte público en más de 100%, liberación de las tasas de interés, disminución de los subsidios, flexibilización de las políticas que protegían a los trabajadores, protección del Estado a empresas privadas y privatización de empresas públicas, entre otras.

Como era de esperarse, este paquete económico provocó un descontento en la gente que se materializó en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, y días subsiguientes, conocida como “El Caracazo”, que se expresó en todo el país. Durante estos hechos, el ejército arremetió contra los grupos marginados y discriminados que irrumpieron en la escena política del país para oponerse a las medidas de ajustes. Se suspendieron las garantías durante 10 días y comenzó el toque de queda más cruento de la historia. Las fuerzas militares callaron con sus armas ciento de víctimas que bajaron de los cerros a defender sus derechos.

Y es bueno hablar de ciento de personas porque, hasta el momento, en Venezuela todavía se desconoce el número de víctimas que se produjeron durante la masacre de esos días y las cifras aportadas son parciales, por lo que sería irresponsable especular sobre datos específicos y fidedignos. Como dice el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, los familiares de las víctimas del 27F no encontraron espacio para sus denuncias, lo que generó una total impunidad en sus demandas. Esto se viene a zanjar en el año 99 con la creación de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar y defender a los ciudadan@s de este tipo de arbitrariedades a raíz de estos hechos.

De esta manera, las “bondades” del Paquetazo no cristalizaron, y no sólo por la efervescencia social que se generó, sino porque este modelo económico desencadenó una crisis social y de gobernabilidad que desembocó en las insurrecciones del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, protagonizadas por militares nacionalistas, quienes enarbolando el bolivarianismo como fundamento ideológico y moral, insurgieron contra el gobierno de CAP, socavando las bases de éste y ganándose la simpatía popular. Uno de los líderes más destacado de ese movimiento fue el comandante Hugo Chávez Frías.

El viejo Estado redebilita

Esta insurgencia militar alertó a los estamentos políticos y económicos del país sobre los riesgos que corría su sistema, iniciándose la decadencia de AD y COPEI como partidos hegemónicos, y ascendiendo Rafael Caldera a la Presidencia en el año 93. Sin embargo, tampoco Caldera satisfizo las demandas populares: persistieron y se profundizaron el desempleo, el deterioro de los salarios, la contracción del consumo y la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión social. La democracia mantenía su carácter representativo, pero el Estado comenzó a debilitarse, especialmente por exigencias de las oligarquías regionales y partidos políticos emergentes, en consonancia con el diseño formulado para los países de América Latina, según los postulados del Consenso de Washington, que preveían menos Estado y más mercado.

De esta forma, es obvio que el modelo neoliberal no dio respuestas a las exigencias de las mayorías. Por ello, en 1998 asistimos al último respiro de un modelo político que vio asombrado cómo desde la preferencia del electorado nacional ascendió rápidamente el antiguo líder de la rebelión, Hugo Chávez Frías, hasta convertirse en el principal contendor de los partidos tradicionales. La aplastante victoria de Chávez abrió el compás para democráticos episodios en la historia de Venezuela, mientras el antiguo régimen pugnaba por mantener su sistema de privilegios en contra de una propuesta de Estado que contaba con el mayor respaldo popular.

Dentro de este contexto, en el año 99 se llevó a cabo una Constituyente que removió las bases de la organización política y económica del país y que garantizó profundas transformaciones de un modelo de Estado signado por el desempleo, la pobreza y la exclusión. De esta forma, Venezuela edita un proceso de cambios en su sistema democrático, en el cual destaca el desplazamiento de los partidos tradicionales de la arena política, que durante cuarenta años protegieron una democracia que descargó en las espaldas de los sectores más vulnerables toda su ineficiencia.

Así, el país dio un giro de 180 grados, y el 15 diciembre de 1999 se presentó a la consideración de todos los sectores de la sociedad venezolana una Constitución cimentada en la Democracia Participativa y Protagónica, donde el pueblo tiene la posibilidad de conocer, debatir y tomar decisiones sobre diversos aspectos que les atañen directamente, desde el nivel comunal hasta nacional. Esta nueva Constitución reivindicó los derechos humanos hasta verlos materializados; trascendiendo el plano del discurso retórico y con un alto grado de responsabilidad en la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad.

La Constitución del 99 da prioridad a las necesidades de tod@s los ciudadan@s, quienes participan de forma activa en el debate de diversos temas que les afectan directamente, garantizando sus derechos humanos como el camino para la consecución de una sociedad más justa y equitativa, no sólo formalmente, sino en el hecho concreto, en el marco de una Democracia Participativa y Protagónica.

De esta manera, el nuevo Estado venezolano se fundamenta en un Estado Democrático y Social de Derecho y
de Justicia; es decir, el Estado sometido a la legalidad. Un Estado que defiende como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación el goce, el respeto y la preeminencia de los derechos humanos como el respeto a la vida, empleo, educación, salud, vivienda, servicios públicos entre otros y que trabaja por la reducción de las asimetrías de poder, acceso a la justicia, igualdad de oportunidades, entre otros derechos fundamentales para alcanzar una vida digna.

El Nuevo Estado: Cifras contundentes con rostro humano

Array Para explicar un poco qué se ha hecho desde este nuevo rol del Estado venezolano, no se deben pasar por alto algunas cifras reflejadas por organismos internacionales a los que con mucha frecuencia se aluden como serios, imparciales y responsables en sus consideraciones. Uno de ellos, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual ha señalado los avances del país en torno al Índice de Desarrollo Humano, cuyo mecanismo permite evaluar las alternativas implementadas por el Estado venezolano para mejorar las oportunidades de su gente en términos de progreso social, equidad, participación política, desempleo, entre otros aspectos. Según este organismo, Venezuela se ubica hoy en el puesto número 61 de 179 países con el más alto nivel de este indicador.

Pero, hay más datos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su siglas en inglés) señaló que nuestro país se ubica como uno de los países con mayor índice de escolaridad e inclusión educativa en América Latina. En su Informe Mundial denominado Educación para Todos (EPT) 2008 destacó que durante el período académico 2006-2007, la tasa neta de escolaridad básica en Venezuela subió a 95% en la incorporación de niños y niñas a las escuelas, lo cual proyecta que nuestro país pueda alcanzar una meta de escolaridad del 100% en el 2015. También, dice el informe que la mayoría de estudiantes universitarios de la región se concentran en cinco países: Argentina, Colombia, Brasil, México y República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene 100 años de experiencia, registró la iniciativa venezolana Barrio Adentro, en su libro titulado “Barrio Adentro, Derecho a la Salud e Inclusión Social en Venezuela”, y entre testimonios, análisis técnico y el razonamiento de la realidad política del país aplaude esta estrategia como un mecanismo para transformar el sistema de salud pública en Venezuela. En palabras del propio representante de la OPS, Renato Gusmao, este modelo erradica la visión en la que prevalecen los intereses exclusivamente monetarios, y garantiza “un desarrollo con rostro humano” en el país.

A estos razonamiento se suman las consideraciones de la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Nadya Vásquez, quien ha señalado que en la actualidad el Estado venezolano ha logrado muchos avances en políticas públicas e instrumentos jurídicos que respaldan los convenios en materia de la protección de la niñez y de la infancia, muy especialmente la implementación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la cual, a su juicio, debe servir de ejemplo para otros países en América Latina.

No hay que dejar de mencionar las cifras sobre la pobreza. La Secretaria General para la Comisión Económica de América Latina y El Caribe (Cepal), Ana Bárcena, indicó que en Venezuela tuvo un progreso “importantísimo” entre 2002 y 2007 en materias como disminución
de desempleo y combate contra la pobreza. Según la representante de la CEPAL la tasa de desempleo disminuyó de 11 a 7,4%, la tasa de pobreza (extrema) se pasó de 25% al 8,5% hasta el 2007, y la pobreza bajó de 51 a 28%. Estas cifras contrastan con las aportadas por la antigua Oficina Central de Estadística e Informática (hoy Instituto Nacional de Estadística, INE) y del censo de 1990, el cual muestra cómo la pobreza total o absoluta se incrementó de manera alarmante en los años 90, especialmente entre 1995 y 1997: de 27% pasó a 64.1%.

Estas cifras son mucho más determinantes cuando en 1999 la CEPAL señala que Venezuela fue uno de los pocos países de la región donde la proporción de pobreza en el período 1990-1997 en vez de disminuir aumentó en 8 puntos porcentuales (Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura: 116).

No hay lugar a duda que este nuevo esquema de Estado se erige sobre políticas públicas en las cuales el centro de toda meta es la equidad y el desarrollo de cada uno de sus ciudadan@s. Asimismo, se concibe una nueva relación Estado-sociedad para reconstruir la institucionalidad y crear espacios de encuentro y acuerdos mediante la participación comunitaria y la organización social bajo principios de solidaridad, cooperación y corresponsabilidad.

De esto se desprende que estamos en presencia de nuevos desafíos para seguir avanzando colectivamente en la reivindicación de cada uno de los derechos humanos que todavía no alcanzan los índices anhelados. Pero, es innegable que desde la promulgación de la Constitución de 1999 se ha avanzado agigantadamente en la generación de políticas públicas tendentes a la construcción de una sociedad más justa, en la consolidación del bienestar del pueblo y la garantía de los derechos humanos, principalmente porque quienes apuestan cada vez más a ello son los movimientos populares organizados, los más vulnerables, los marginados, quienes están comprometidos a corregir las tendencias empobrecedoras y excluyentes del pasado reciente.