Array La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, denunció una campaña de descrédito contra Venezuela por parte de un grupo de funcionarios de organismos internacionales de derechos humanos.

Señaló la Defensora, en una entrevista en el programa televisivo Despertó Venezuela, en VTV, que su despacho elaboró un informe y se lo remitió a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero; al propio Secretario de la Organización de Estados Americanos , José Miguel Insulza; así como al Comisionado para los Asuntos de Venezuela de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro.

En la referida comunicación se explica los argumentos legales que llevaron a las cableoperadoras a sacar de la parrilla de programación a varios canales, incluyendo a RCTV.
Explicó Ramírez que esos funcionarios de los entes internacionales ni siquiera esperaron el pronunciamiento de nuestros entes jurídicos, tal como es el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso calificó sus declaraciones como pronunciamientos meramente “políticos” que conforman una campaña de descrédito acolitada por diferentes medios de información internacionales, los cuales sólo buscan generar una matriz de opinión que permita justificar luego cualquier acción negativa desde el exterior.

Según la Defensora esa carta ya ha sido jugada en otras ocasiones con un saldo negativo contra Venezuela. Les exigió que no socaven la vocería internacional porque eso sería una grave pérdida en el esfuerzo por la defensa de los derechos humanos.

Igualmente presentó un documento para demostrar cómo el rector de la Universidad Simón Bolívar le solicitó al cuerpo profesoral de esa casa de estudios que liberaran a los estudiantes de las responsabilidades académicas y éstos pudieran participar en las marchas y tomas de vías públicas, y agregó que la violencia está siendo utilizada para el proselitismo político.

Finalmente, y ya casi en el cierre de la entrevista, la Defensora Gabriela Ramírez habló del caso Franklin Brito, y aseveró que los funcionarios de la institución ya lo han visitado en varias oportunidades, está en una condición delicada porque él mismo se dejó deteriorar físicamente, y el Estado no puede dejarlo fallecer. Igualmente, en el caso de la jueza Afiuni, la Defensoría ha constatado periódicamente que está en perfectas condiciones, se le gestionó un traslado para otro espacio, pero ella solicitó quedarse con el grupo de privadas de libertad del INOF.

Y con relación al tema de los niños, niñas y adolescentes víctimas del terremoto de Haití, la Defensora apoyó la posición de la Unicef que exige no separar a los niños de sus familias ni de su entorno, porque el llevárselos de manera indiscriminada puede conllevar el utilizarlos en trata de personas y explotación sexual.