Array Con el propósito de fortalecer el enfoque de derechos humanos en el proyecto de Ley para la Gestión del Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos No Peligrosos, la Defensoría del Pueblo entregó este miércoles sus observaciones y recomendaciones ante la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional.

Una comisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos ejerció un derecho de palabra ante el máximo órgano legislativo, en el cual resaltó la necesidad de que la gestión integral de los residuos y desechos sólidos garantice la satisfacción de los derechos humanos a disponer de bienes y servicios de calidad, al ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado y a la salud.

Asimismo, precisó que el Informe Anual 2008 de la Defensoría del Pueblo registró que el manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos es una de las principales causas de contaminación ambiental en nuestro país, constituyéndose en una vulneración de los derechos humanos.

La DdP puntualizó que son los grupos más vulnerables como personas en situación de pobreza, niños y niñas y adultos y adultas mayores, quienes sufren las consecuencias más gravosas de los efectos de la contaminación causada por la disposición inadecuada de los residuos y desechos sólidos.

En este sentido, la institución defensorial recomendó que se incorpore un artículo que señale expresamente la gestión integral de los residuos y desechos sólidos como un servicio público de primera necesidad, lo que implica que debe ser prestado de manera continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, en corresponsabilidad con todas las personas a través de las comunidades organizadas.

Igualmente, solicitó que se reforzara la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en el diseño, ejecución y control en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, de manera concreta en lo atinente a la ubicación de los contenedores, diseño de rutas, horarios, patrones de ejecución y frecuencia de la recolección, en el marco de los principios de participación previstos en la Ley Orgánica de Consejos Comunales recientemente sancionada.

En los últimos años, la Defensoría del Pueblo viene desarrollando un trabajo sostenido de vigilancia, promoción y defensa de los derechos humanos, a través de su programa “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”, mediante el cual las comunidades participantes han identificado a la recolección de desechos y residuos sólidos como una de las primeras causas de vulneración de sus derechos.