Array La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, interpuso este martes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo contra las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, en virtud de la inminente instalación de unos portones que restringirían el acceso a la mencionada casa de estudios.

La máxima representante de esta Institución defensora de los derechos humanos, solicitó al TSJ que ordene a las autoridades de la UCV abstenerse de instalar puertas en las entradas de esta casa de estudios, así como la paralización de cualquier actividad relacionada con su colocación. 

En criterio de la Defensora del Pueblo, la instalación de puertas en los diversos accesos a la UCV afectaría el derecho al libre tránsito y se constituiría en una amenaza contra el derecho a la salud de los usuarios y usuarias que acuden diariamente al Hospital Universitario de Caracas, el cual es una referencia nacional en materia de atención médica. 

Asimismo, señaló que la colocación de estos portones atentaría contra el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación, afectando la infraestructura física del recinto universitario. Al respecto, la Defensoría recordó que la UCV es un monumento histórico nacional y Patrimonio Mundial de la Humanidad que le pertenece a todos los venezolanos y las venezolanas, razón por la cual no puede ser segregada de la sociedad como, inconstitucionalmente, pretenden hacerlo las autoridades de la Universidad Central con la instalación de estas puertas. 

Igualmente, indicó que cualquier modificación o alteración de la estructura de la UCV debe ser autorizada por el Instituto de Patrimonio Cultural, tal como lo dispone la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, lo que no ha ocurrido en este caso.

Señaló que la colocación de estos portones implicaría una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que verán afectado el ejercicio de sus derechos al trabajo, educación y recreación.

Con respecto al tema de la seguridad interna, la Defensora del Pueblo explicó que la institución que dirige estará a la espera del pronunciamiento de la Sala Constitucional para poder contar con una interpretación extensiva de la ponderación de derechos, a fin de que esta instancia logre establecer la importancia no sólo del derecho a la seguridad sino del derecho a la vida, al libre tránsito y a la calidad de vida.

Añadió que debe existir una coordinación entre las autoridades universitarias y los organismos de seguridad del Estado, lo cual subsanaría de manera eficiente este tema.