Concepción de la Defensoría

La Defensoría Delegada Especial, con competencia nacional, en el Área de Servicios Públicos nace a través de las atribuciones conferidas a la Defensora del Pueblo, contenidas en el artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece que es facultad del Defensor o Defensora del Pueblo “velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos”.

A quién va dirigida la función de esta Defensoría

Las acciones de la  Defensoría Especial en el Área de Servicios Públicos van dirigidas a la satisfacción del derecho humano y constitucional que tienen todas los ciudadanos y ciudadanas a obtener bienes y servicios de calidad.  


Aplicabilidad Social y Jurídica

La  Defensoría Especial en materia de Servicios Públicos posee amplia utilidad para la población debido a que la misma  analiza la prestación del servicio público ofrecido a las comunidades de todo el terriitorio nacional, a fin de proporcionar recomendaciones a los entes responsables por la prestación de los mismos.

Los Consejos Comunales, las comunidades en general, entre otros movimientos sociales, son los principales beneficiados del trabajo defensoríal llevado a cabo a través de la promoción, defensa y vigilancia de los servicios públicos y su repercusión directa en la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos.

Ámbito de Resultados

Esta Defensoría Especial en el 2008 realizó una investigación y posterior exhorto al Metro de Caracas en cuanto a la prestación del servicio de transporte público. También en el tercer trimestre del año 2008 desarrolló una mesa de trabajo en la Defensoría Delegada del estado Anzoátegui debido a las denuncias realizadas por la comunidad de “El Eneal” de la ciudad de Barcelona, la cual reclamaba el hecho de que el agua recibida evidenciaba signos de contaminación.

Por ello, funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo recomendaron someter a análisis físico-químico una muestra del agua surtida a la comunidad, la cual arrojó como resultado que la misma poseía metales pesados y bacterias, por lo cual no se encontraba apta para el consumo humano. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo coordinó mesas de trabajo con la comunidad, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Ministerio del Poder Popular para la Salud e Hidrocaribe, lo cual garantizó que este sector fuera surtido desde una  planta de tratamiento completamente óptima, lo cual permitió abastecer a la población de un agua de mayor calidad. 

Asimismo, la Defensoría Especial organizó una mesa de diálogo en la sede de la Vicepresidencia de la República en relación a los casos de violencia generados a través de los desalojos forzosos de inquilinos, gererándose acuerdos colectivos en procura de que las acciones policiales estén apegadas al respeto y garantía de los derechos humanos en estas situaciones.

Relaciones sociales

Defensoría Delegada Especial de Servicios Públicos establece contacto con los siguientes colectivos:

• Red Metropolitana de Inquilinos.
• Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos conformados en: Petare, Catia, Caricuao, Antímano La Vega y Baruta.
• Ministerio del Poder Popular para la  Vivienda y Obras Públicas.  
• Indepabis. 
• Asamblea Nacional.
• Tribunal Supremo de Justicia.  
• Entes prestadores de servicios públicos.