Foto: Defensor del Pueblo reunido el 4 de noviembre con familiares de desparecidos en Barlovento.

Hizo reconocimiento especial al Presidente de la República, Nicolás Maduro, por su pleno apoyo a las investigaciones y reparación a las víctimas

(29-Nov-2016) Este martes el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para fijar posición y dar detalles sobre el caso de las doce personas desaparecidas y posteriormente asesinadas por efectivos del ejército venezolano en los sectores Cayapa y El Café del municipio Acevedo en el estado Miranda.

Tarek William Saab mostró su pesar y envió sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas y destacó que la Defensoría del Pueblo estuvo coordinando las actividades para el esclarecimiento de estos hechos y que “fueron determinando la posible vinculación de miembros del ejército de Venezuela en la detención ilegal, posterior desaparición y muerte de 12 ciudadanos venezolanos”, afirmó.

El máximo representante defensorial precisó que “como Institución Nacional de derechos humanos debo aclarar que los ciudadanos inicialmente detenidos y posteriormente desaparecidos no tienen, ni tuvieron entrada policial o antecedentes penales”.  

“Como Defensor del Pueblo, desde un primer momento luego de conocer este hecho, le informé al ciudadano presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de manera personal y directa sobre los detalles de lo que estaba ocurriendo para que se sumara a ordenar las investigaciones hasta culminar en el esclarecimiento de las mismas”, explicó.

 

En este sentido, reconoció  que el Presidente de la República “conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular para de la Defensa e instituciones del Estado garantes de los derechos humanos, tuvieron una participación determinante para que no hubiese impunidad, sea quien fuese el responsable de estos criminales hechos que hoy repudiamos”, indicó.

Al mismo tiempo, Tarek William Saab señaló que la labor de la Defensoría del Pueblo se centró principalmente en entrevistar a todos los familiares de los desaparecidos y que gracias a la confianza y el acompañamiento brindado por los funcionarios defensoriales se logró entrevistar a dos testigos claves, “los cuales aportaron suficiente información que suponía la responsabilidad material en los hechos del Teniente Coronel José Ángel Rojas y sus colaboradores inmediatos”. Esa información se hizo llegar a los cuerpos de investigación y tras una ardua investigación un soldado dio los datos que llevaron al hallazgo de los cuerpos y el esclarecimiento del caso.

Tarek William Saab aseveró que como deber moral de la Defensoría del Pueblo siempre le aseguró a los familiares que en este caso no habría impunidad para los responsables. En ese sentido reiteró que “se hará justicia independientemente de quien esté involucrado en los hechos” y agregó que nunca hubo encubrimiento en este caso por parte de las altas autoridades del Estado ni de las instituciones democráticas que actuaron para esclarecer los hechos.

El Defensor del Pueblo solicitó que se continúen las investigaciones pues considera que debería haber otras detenciones. “Tenemos la percepción, por la experiencia adquirida en 40 años de militancia en derechos humanos, que seguramente en ese componente que actuó en estos hechos, debe haber un autor intelectual, el cual debe identificarse independientemente del grado que tenga y debe determinarse su responsabilidad”.

El Defensor del Pueblo en aras de preservar la institucionalidad y evitar que se reproduzcan hechos de esta naturaleza que vulneran los DDHH emitió algunas recomendaciones al Estado venezolano. Entre las que destacan: que el Ministerio de Defensa continúe con las investigaciones internas para sancionar a todos los funcionarios militares que estén incursos en abusos o violaciones de derechos humanos. Al Ministerio Público que acelere el proceso de investigación y que sea rápido y transparente para determinar las responsabilidades a que haya lugar. También que se brinden con urgencia las medidas de protección para los familiares de las víctimas directas, sobrevivientes y testigos. Brindar asesoría jurídica y atención psicológica a familiares de las víctimas; además de la reparación económica.

Por último, ofreció cursos y talleres de formación a través de la Escuela de Derechos Humanos Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría del Pueblo, dirigidos a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, a la vez que llamó a revisar los protocolos de actuación de los operativos de seguridad para que se ajusten al marco nacional e internacional en materia de derechos humanos. Fin / Antonieta Cetrangulo y Mirella Malpica