La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, constituyó una Brigada Defensorial Móvil en Tucacas, estado Falcón, con la finalidad de identificar las necesidades de las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio y promover la articulación de respuestas institucionales durante la etapa de recuperación.
Durante un recorrido por el sector Cayumar, parroquia Boca de Aroa, municipio José Laurencio Silva, la Defensora del Pueblo escuchó a vecinos cuyas viviendas resultaron afectadas y explicó que la Brigada realizará un diagnóstico de las principales necesidades de la comunidad.
Asimismo, señaló que el equipo defensorial acompañará el levantamiento de información sobre la situación de las escuelas y liceos de la zona, así como sobre los niños, niñas y adolescentes que requieren condiciones adecuadas para garantizar la continuidad de su educación.
“La Defensoría del Pueblo no construye escuelas ni repara infraestructuras, pero sí tiene competencias para proteger los derechos de las personas y acompañar a las comunidades después de una emergencia como la que vivimos”, señaló González Lobato.
Acompañada por el alcalde del municipio José Laurencio Silva, Osnel Arnias, la Defensora explicó que el recorrido por las comunidades afectadas busca conocer directamente sus necesidades, verificar las condiciones existentes y contribuir a la articulación con las instituciones competentes.
“Hoy vinimos a escucharlos, a conocer cómo quedaron sus viviendas, cómo están las escuelas y cuáles son las principales necesidades de la comunidad, para luego llevar estos planteamientos ante las instituciones que pueden dar respuesta”, precisó.
En los sectores Cayumar y El Río, de Boca de Aroa, más de 70 familias resultaron afectadas por los sismos. Durante el encuentro con la Defensora del Pueblo, los vecinos plantearon, entre sus principales preocupaciones, la recuperación de sus viviendas y las condiciones del servicio de agua.
La Brigada Defensorial Móvil continuará el levantamiento de información y el acompañamiento a las comunidades, con especial atención a la protección de las familias y a la restitución progresiva de sus derechos durante el proceso de recuperación.