Durante el reinicio de la Consulta Nacional sobre la Reforma Judicial Penal, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, hizo un enfático llamado a transformar el sistema judicial venezolano para garantizar que sea transparente, oportuno, proporcional y eficaz en la erradicación del retardo procesal que afecta a la población penitenciaria.
El pronunciamiento se dio durante un recorrido por las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, donde la titular del organismo defensorial constató las actividades educativas, de capacitación laboral y los programas culturales que se desarrollan en el recinto.
En el marco de la visita, González Lobato subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el debate del marco legal, reconociendo las realidades diferenciadas que enfrentan las mujeres privadas de libertad.
«Esta reforma debe tomar en cuenta que la cárcel no impacta de la misma manera a las mujeres que a los hombres. Hablar de reclusión femenina implica abordar la maternidad, la lactancia y el bienestar de los hijos, su impacto se extiende a toda la sociedad», precisó.
Asimismo, destacó que el proceso de consulta tiene como eje central escuchar de forma directa a las internas y a sus familiares para estructurar respuestas oportunas que fortalezcan el debido proceso y permitan revisar la proporcionalidad de las penas. «No queremos que salgan de aquí en mayor estado de vulnerabilidad, el objetivo es garantizar una reinserción social efectiva y convertir estos recintos en verdaderos espacios de transformación humana», enfatizó.
El recorrido institucional contó con la participación de destacadas autoridades del sistema de justicia y del Poder Público Nacional, entre ellos: el Ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa, el Fiscal General, Larry Devoe, la Presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Magistrada Marisela Castro, el Defensor Público Nacional, Daniel Ramírez Herrera y el diputado Jorge Arreaza.
Con este despliegue, el Poder Ciudadano y las instituciones del Estado reafirman su compromiso de consolidar un sistema penal humanizado y adaptado a las exigencias constitucionales.