En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal efectuada en el estado Cojedes, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, hizo un llamado a consolidar un sistema judicial garantista, protector y proporcional, enfatizando que la garantía de los derechos fundamentales no admite distinciones sobre la naturaleza del delito ni sobre la capacidad económica de las personas privadas de libertad.
Durante su discurso, González Lobato sostuvo que este proceso de consulta representa una oportunidad transformadora para el país, para las mujeres y para quienes hayan incurrido en un hecho punible, evitando que un error defina el resto de su proyecto de vida.
«La Defensoría del Pueblo no puede diferenciar entre el tipo de delito cometido o si se trata de un delito común o político, tenemos que proteger los derechos de todos durante el proceso judicial, velando especialmente por quienes están procesados por delitos comunes y no cuentan con recursos ni respaldo económico», aseveró la máxima autoridad defensorial.
Asimismo, la Defensora del Pueblo planteó la urgencia de realizar una revisión profunda a la proporcionalidad de las penas ante los cambios en la dinámica delictiva del país. En ese contexto, destacó el valor de la resiliencia y la reinserción social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal que avanzan en su formación académica.
«Buscamos una justicia firme que enfrente el delito y donde se asuman las responsabilidades individuales, pero también una justicia humanizada que garantice la presunción de inocencia y el juzgar en libertad, asegurando que las diferencias socioeconómicas no condicionen la aplicación del derecho», afirmó.
Finalmente, reiteró que “el expediente no es un número, el expediente es un dolor. Existe una responsabilidad individual, pero también un esfuerzo coordinado de todas las instituciones del Estado por alcanzar una justicia genuinamente humanizada».
La actividad contó con el acompañamiento del gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, el fiscal general de la República, Larry Devoe y el defensor público general, Daniel Ramírez.