En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, representantes del sistema de justicia, encabezados por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Tribunal Supremo de Justicia, llevaron a cabo una jornada de trabajo junto a agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de recoger sus aportes, experiencias y recomendaciones en la materia.
Durante el encuentro, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, celebró la realización de estos espacios de articulación interinstitucional y destacó que la cooperación de la ONU resulta clave para diseñar una política penal alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.
En su intervención, la máxima autoridad defensorial enfatizó que las desigualdades sociales, la falta de recursos económicos o la condición de origen no pueden, bajo ninguna circunstancia, determinar el destino de las personas ni condicionar la respuesta del sistema judicial.
Valoró de manera especial los insumos técnicos de las agencias especializadas en la atención a sectores vulnerables. En este sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de visibilizar y fortalecer el discurso y rol de la mujer en el sistema de justicia reconociendo su impacto directo en la transformación social.
A su vez, destacó que estas visiones permiten comprender cómo una decisión judicial afecta de forma diferenciada a la infancia, a las mujeres y a los pueblos originarios. Asimismo, subrayó que garantizar el principio de juzgar en libertad y erradicar la criminalización de la pobreza son objetivos centrales de la reforma que demandan un diálogo continuo entre todas las instituciones del Estado y organismos cooperantes.
Finalmente, reafirmó la aspiración institucional de avanzar hacia un modelo de justicia firme frente al delito, pero profundamente humano en el trato hacia las personas, un sistema garantista que respete rigurosamente el derecho a la defensa, asegure el debido proceso y brinde segundas oportunidades orientadas a la efectiva reinserción social.