En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema de justicia que garantice la igualdad ante la ley, reconozca las distintas realidades territoriales del país y amplíe las oportunidades de reintegración social, especialmente para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante su participación en la jornada, González Lobato valoró el carácter descentralizado de la consulta y el esfuerzo de las instituciones por acercarse a las comunidades, escuchar sus experiencias e incorporar sus necesidades al proceso de transformación de la justicia penal.
Señaló que la igualdad ante la ley exige reconocer y superar las barreras territoriales, sociales y económicas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos y las garantías judiciales. En este sentido, subrayó que las particularidades de Nueva Esparta deben ser consideradas para asegurar que el acceso a la justicia no dependa del lugar donde viven las personas ni de sus condiciones sociales.
La Defensora sostuvo que una reforma penal no puede limitarse a la modificación de las normas, sino que debe traducirse en garantías efectivas, procedimientos justos y respuestas institucionales capaces de atender las necesidades de las personas sometidas al sistema de justicia, sus familiares y las comunidades.
Como parte de su agenda institucional, González Lobato visitó la Entidad de Atención Los Cocos, donde compartió con adolescentes en conflicto con la ley penal y abordó la importancia de la formación, la convivencia y la construcción de nuevas oportunidades para sus proyectos de vida.
Durante el encuentro presentó la iniciativa Jóvenes Defensoriales, un programa orientado a incorporar a la juventud en actividades de formación sobre derechos humanos, prevención de riesgos, alertas tempranas, convivencia y resolución pacífica de conflictos comunitarios.
La Defensora propuso que los adolescentes atendidos por el sistema de justicia penal puedan participar en estas experiencias formativas, como parte de un proceso que fortalezca sus capacidades, su sentido de responsabilidad y sus posibilidades de integración familiar y comunitaria.
Enfatizó que la respuesta institucional frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal debe combinar la responsabilidad por sus actuaciones con el reconocimiento de su condición de personas en desarrollo, titulares de derechos y capaces de construir un futuro distinto.
Asimismo, planteó promover talleres de convivencia, mediación y resolución pacífica de controversias dentro de las entidades de atención, con el propósito de proporcionar herramientas que contribuyan a la prevención de la violencia, al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y a la preparación para la vida en comunidad.
Con estas propuestas, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de contribuir a una justicia penal que, además de garantizar el cumplimiento de la ley, permita superar las condiciones de exclusión y ofrecer oportunidades reales de reinserción social.