Defensoría del Pueblo establecerá mesa técnica con la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos para el seguimiento de casos

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, recibió en su despacho a representantes de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos, con quienes acordó establecer una mesa técnica para profundizar la revisión y el seguimiento individualizado de los casos presentados por esta organización.

Durante el encuentro, la titular del órgano defensorial escuchó los planteamientos y testimonios de las representantes y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales de seguimiento, así como la articulación con los órganos competentes, para contribuir a la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.

“El interés superior de la Defensoría del Pueblo es la protección y defensa de los derechos humanos. Queremos mantener una relación cercana y respetuosa con ustedes. Contamos con un equipo sensibilizado que ha venido haciendo seguimiento a estos casos y debemos continuar fortaleciendo la articulación institucional para avanzar en respuestas concretas”, expresó González Lobato.

La Defensora del Pueblo reiteró que la institución mantiene una política de puertas abiertas y continuará recibiendo y atendiendo los planteamientos de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad, en el marco de sus competencias constitucionales.

Durante la reunión, las representantes de la Alianza, entre ellas Alejandra Vera, Yamileth Vidal y Mayra Morales, solicitaron la mediación y actuación defensorial en asuntos relacionados con atención médica oportuna, celeridad procesal, condiciones de detención y respeto a la dignidad humana. Asimismo, plantearon la revisión de la situación jurídica de las personas que consideran privadas de libertad por razones políticas.

La Defensoría del Pueblo ratificó su disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso.